Un claro límite de la Corte al Gobierno

Un claro límite de la Corte al Gobierno

La Corte, en una tensa reunión, le puso al Poder Ejecutivo un claro límite: el máximo tribunal, que había invitado al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, le dijo que no estaba dispuesto a tolerar una resolución que significaba un alto grado de injerencia en la Justicia.
Entre la Justicia y el Gobierno hay convivencia, pero no amor. En varias oportunidades la Corte dictó sentencias que disgustaron al Gobierno, por ejemplo, sobre el tema jubilaciones. Pero hace diez días, el Gobierno se enteró de que la mayoría del alto tribunal tenía muy serias dudas sobre la constitucionalidad de las retenciones móviles. Ese fue un motivo de peso para que, ante la inminencia de una crisis política y sin respaldo judicial, la presidenta Cristina Kirchner remitiese el proyecto al Congreso.
Ayer, el Poder Ejecutivo también operó sobre la Justicia: sólo envió al Senado el pliego de Eduardo Farah, a quien propone para cubrir una de las dos vacantes de la Cámara Federal. Omitió remitir el pliego de alguno de los otros dos jueces seleccionados por el Consejo de la Magistratura -Jorge Ballestero y Javier López Biscayart- para cubrir la vacante restante. "El Poder Ejecuivo quiere ver quién de ambos hace mejor letra", dijo un senador de la Comisión de Acuerdos.
Es en este contexto de desconfianza y presiones -denunciadas públicamente por Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados- que hay que interpretar el verdadero significado de la resolución 1084.
El ministro siempre explicó a sus críticos que, en rigor, él buscaba poner orden frente al desorden operativo que le provocan en las fuerzas los jueces, cuando solicitan procedimientos judiciales que se superponen o piden custodias policiales.
Los jueces, en cambio, siempre entendieron que el titular de Justicia buscaba controlarlos y anticiparse a sus pasos, sobre todo para prever lo que harán los jueces en las causas que involucran al Gobierno. Las leyes procesales siempre reconocieron la autoridad de los jueces para darle órdenes a la policía. Los magistrados no podían tolerar que una ocurrencia de Fernández las derogase.

Una frontera

La reunión había sido convocada por la Corte, que "invitó" a Fernández. Al ministro lo aguardaban cuatro jueces: Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte; Elena Highton, vicepresidenta; Carlos Fayt, que jamás asiste a ninguna reunión pública, y Carmen Argibay. Cuatro jueces, en una Corte de siete, hacen mayoría. Y nadie le dijo a Fernández que los demás jueces no pensasen como ellos.
Además, el propio Fernández puso en evidencia el despropósito de su medida.
Explicó a los jueces que para corregir la resolución 1084 había dictado la resolución 1531, en la que se dice que el deber de las fuerzas policiales de informar al ministro de Justicia las órdenes que imparten los jueces se limitan, fundamentalmente, a los casos "de notoria trascendencia institucional". Era legitimar la posibilidad de influir en causas políticamente relevantes. Sin margen, Fernández derogó las resoluciones.
Para darle una salida elegante, la Corte acordó con Fernández crear una comisión mixta para solucionar problemas operativos y estudiar la creación de la Policía Judicial, algo que, hoy por hoy, nadie espera seriamente que prospere.

Comentario escrito por Adrián Ventura en el diario La Nación